La Fiscalía de Brasil rechazó este jueves los argumentos de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro en el proceso que lo investiga por un presunto intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, según un documento enviado a la AFP. La decisión final sobre su enjuiciamiento ahora depende del Supremo Tribunal Federal (STF), que examinará el próximo 25 de marzo su caso.
Bolsonaro, de 69 años, fue acusado en febrero, junto con 33 colaboradores, de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada», entre otros delitos.
Según la Fiscalía, el exmandatario habría organizado un complot, frustrado antes de su ejecución, para frenar la asunción de Lula tras perder las elecciones de 2022. La denuncia presentada por la Policía Federal ante el Supremo Tribunal Federal (STF), y posteriormente remitida a la Procuraduría General de la República (PGR), señala que Bolsonaro habría planeado el intento de ruptura institucional, cuya ejecución solo fue impedida por “circunstancias ajenas a su voluntad”.
La defensa de Bolsonaro presentó su contestación en el último día del plazo fijado por el juez del STF a cargo del caso, Alexandre de Moraes.
En un documento de 129 páginas, su defensa negó que el ex presidente haya participado en el plan, exigió que la denuncia no sea aceptada por el STF y, en caso de que esto ocurra, solicitó que el juicio sea llevado a cabo por los once ministros del STF, y no solo por el I Colegio de cinco jueces, como está previsto actualmente.
Además, la defensa del ex mandatario pidió la anulación de la confesión y del acuerdo de culpabilidad del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, que según la fiscalía fue el punto de inflexión en el caso.
“Se trata de una colaboración premiada, viciada por una absoluta falta de voluntariedad y marcada por mentiras, omisiones y contradicciones”, señalaron los abogados en referencia a las dos citaciones de Cid ante el STF para explicar sus declaraciones.
La fiscalía desestimó estos argumentos en un documento de 24 páginas, considerándolos “superados”, y ratificó su posición de que el caso debe ser juzgado en el STF. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión. El exmandatario niega los cargos y afirma ser un “perseguido” político.
Luego de que se conozca la fecha, Bolsonaro ironizó en su cuenta de la red social X que “parece que el debido proceso legal, por aquí, funciona a la velocidad de la luz”, y se quejó de que el caso “esté yendo a juicio en apenas un año y un mes”.
Tras esta decisión de desestimación, será entonces la Corte Suprema la encargada de definir si existen o no elementos suficientes para abrir un caso penal contra el ex Presidente. Si bien no hay un lapso máximo estipulado para conocer la definición de los máximos jueces, una fuente de la corte dijo a la Agencia AFP que lo más probable es que su postura se conozca el mismo 25 de marzo.
Si el STF acepta la denuncia, Bolsonaro se convertiría en el primer ex mandatario de Brasil en ser juzgado por un intento de golpe de Estado, en un proceso que podría tener amplias repercusiones políticas en el país, ya que el líder ultraderechista aún mantiene una base de seguidores fieles y una fuerte presencia en la oposición.
(Con información de AFP)
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