Este domingo, 11 años después, de nuevo la oposición acude unida a unas presidenciales en las que, pese a los obstáculos, podría derrotar al chavismo, algo a lo que renunció en las elecciones de 2018 por considerar que no había condiciones justas para una elección competitiva.
Por BBC MUNDO
Los comicios en los que el actual mandatario Nicolás Maduro competirá con Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria -que agrupa a los partidos opositores de mayor peso-, son los primeros ocurridos en el último cuarto de siglo en los que la oposición goza de una evidente ventaja en las encuestas.
“Esta es la elección más compleja que ha enfrentado el chavismo y la mejor que ha enfrentado la oposición en términos de su capacidad de obtener un resultado favorable, fundamentalmente debido al alto nivel de deseo de cambio y de apoyo al candidato opositor”, dice Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, en una entrevista con BBC Mundo.
“Este es el momento donde hay mayor fuerza de preferencia opositora de cualquier evento presidencial en 25 años de revolución (bolivariana), o sea, es la mejor posición que la oposición ha tenido y el riesgo más alto que el gobierno ha enfrentado”, agrega.
Aunque durante meses numerosas encuestas independientes han otorgado una ventaja de más de 20 puntos a González Urrutia y han indicado un marcado rechazo hacia la reelección de Maduro, desgastado por la larga crisis del país, los analistas advierten que los resultados están lejos de estar garantizados.
¿Por qué? En primer lugar, por los obstáculos que han enfrentado los opositores.
Las denuncias
Desde 2023, cuando se realizó la elección primaria para escoger al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, la oposición viene acusando al oficialismo de actuar con ventajismo de cara a estos comicios.
La principal queja se refiere a la inhabilitación política de María Corina Machado, a quien, pese a haber ganado con una votación abrumadora las primarias de la oposición, no se le permitió inscribir su candidatura presidencial debido a una sanción administrativa de la Contraloría General de la República.
Más allá de rechazar que Machado realmente haya incurrido en alguna falta, la oposición ha recordado que -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- la inhabilitación de candidatos solo debe imponerse tras una condena judicial en un proceso penal y no por un procedimiento administrativo.
Esa medida fue anunciada en junio de 2023 por el entonces contralor general de la República, Elvis Amoroso, quien actualmente preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha sido diputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Ante la imposibilidad de inscribir la candidatura de Machado y de la suplente que esta eligió -la profesora universitaria Corina Yoris-, la Plataforma Unitaria terminó postulando a González Urrutia, un diplomático retirado de 74 años que hasta hace meses era desconocido para la mayor parte de los ciudadanos, pero cuya postulación rápidamente escaló en las encuestas.
La oposición ha acusado a los cuerpos de seguridad y de otras instituciones del Estado de someterla a un acoso sistemático con miras a dificultar los actos de campaña de Machado, González Urrutia y de otros dirigentes.
En lo que va de año y hasta el pasado 16 de julio se habían registrado en Venezuela 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, de las cuales 77 ocurrieron desde el inicio formal en julio de la campaña, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
A esa lista hay que sumarle el nombre de Milciades Ávila, jefe de seguridad de Machado, que fue detenido el 17 de julio y liberado bajo condiciones al día siguiente.
Muchos de los detenidos son coordinadores de comandos de campaña de la oposición en distintos estados del país, dirigentes o simpatizantes de los partidos de la Plataforma Unitaria.
Adicionalmente, hay seis colaboradores cercanos de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir debido a que el gobierno venezolano los acusa de estar vinculados con planes desestabilizadores.
La oposición también ha denunciado que otras instituciones del Estado -como el ente recaudador de impuestos, Seniat- han sancionado a hoteles y restaurantes que han prestado servicios a los equipos de campaña de la oposición.
El gobierno de Maduro asegura que estas decisiones son respetuosas de la ley y niega que se trate de represalias políticas.
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