La semana pasada, aprovechando el puente por Acción de Gracias, el presidente de EEUU, Joe Biden, tomó una decisión polémica y controvertida que indignó a los miembros de su propio partido: indultar a Hunter Biden, su hijo, días antes de que recibiera la primera sentencia por varios de los delitos por los que fue juzgado y condenado tras admitir su culpabilidad.
Ese perdón es legal, pero de por sí extraño, porque lo habitual es que sea dado a quienes ya han sido declarados culpables y han cumplido parte de su pena, aunque haya excepciones como la de Richard Nixon, al que su sucesor Ford libró de cualquier posible consecuencia penal por el Watergate o el resto de sus actividades. Pero lo que la Casa Blanca está meditando ahora no tiene ningún precedente, equivalente ni comparación posible: un perdón masivo y preventivo para miembros de la Administración, de la Fiscalía, la Policía del Capitolio o incluso políticos del bando contrario ante el temor a que Donald Trump y los suyos cumplan las amenazas que llevan meses o años lanzando y ejecuten represalias contra ellos.
La situación es extraordinaria, única. Lo adelantó Politico y otros medios nacionales han confirmado que el debate existe y que si bien se está teniendo sobre todo a nivel del equipo legal, con el abogado de la Casa Blanca Ed Siskel al frente, la cuestión ha llegado al jefe de Gabinete y al propio presidente, que en fechas recientes habría hecho comentarios al respecto.
Se trataría, hipotéticamente, de todo tipo de cargos. Por ejemplo, el doctor Anthony S. Fauci, el rostro de la lucha contra la pandemia y las medidas de confinamiento, odiado por los republicanos y toda la extrema derecha del país y que lleva cuatro años con escolta. Jack Smith, el fiscal especial que hasta hace dos semanas dirigía una investigación histórica contra Trump por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones en 2020. El senador Adam B. Schiff, que se encargó del primer impeachment contra Trump cuando era aún presidente. Letitia James, fiscal de Nueva York que ganó un caso de fraude contra los negocios del holding Trump. El general retirado Mark A. Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha llamado a Trump «fascista» y ha proporcionado información para varios libros e informes de noticias que detallan el comportamiento y las actividades del ex presidente en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021. O los propios policías del Capitolio que hicieron frente a los asaltantes, y que según Trump y los suyos deberían ser encarcelados, mientras los agresores deberían recibir un perdón.
Pero también, según las informaciones publicadas, de la ex congresista Liz Cheney, hija del que fuera vicepresidente Dick Chenney. Una republicana de Wyoming que no sólo estuvo al frente del comité que inventó el Asalto al Capitolio, sino que ha llegado a hacer campaña con Kamala Harris para intentar que Trump, de su mismo partido, fuera derrotado. O la analista Olivia Troye, que fue consejera de Mike Pence, el vicepresidente de Trump entre 2016 y 2020 y que es una feroz crítica de algunos miembros del equipo del presidente electo, especialmente de su elegido para dirigir el FBI, Kash Patel.
Un profundo debate
Los problemas son evidentes y están generando un debate profundo. Las amenazas de Trump y los suyos son constantes desde hace mucho tiempo y hay voces dentro del Gobierno y del Capitolio que dicen que es absurdo, infantil y peligroso ignorarlas. «Hay muchas personas que se incorporan a esta nueva Administración y nos han dicho quiénes son. He visto a Kash Patel decir a quién perseguiría, así que ¿por qué no deberíamos creerles? Y eso es lo que le dije al quipo del presidente: tienen que creerles», ha dicho esta semana en una entrevista James E. Clyburn, congresista por Carolina del Sur. «Trump ha dejado en claro que está más centrado en ajustar cuentas personales que en proteger al pueblo estadounidense o defender el estado de derecho», ha avisado por su parte Brendan Boyle, congresista demócrata de Pensilvania abogando en favor de la medida.
Patel, en uno de sus libros, tiene una lista con casi 60 nombres y apellidos de a quiénes querría o habría que purgar, lo que en el movimiento Maga llaman el «Estado profundo». Altos cargos de la Casa Blanca, el Pentágono, la Fiscalía, el departamento de Estado, la CIA o el FBI, entre otros. Pero también cargos menores que salen a menudo en medios de televisión. O los funcionarios electorales que en 2020 resistieron las presiones y no permitieron las maniobras republicanas para aferrarse al poder.
No hacer nada y que pueda haber represalias contra los funcionarios es un problema para Biden y los suyos. Pero hacer algo, lanzar un perdón preventivo masivo o selectivo, es igual o más problemático, ya que no sólo crearía un precedente peligroso, por el que cada presidente saliente limpiaría el historial de todo su equipo, dándoles en la práctica carta blanca para hacer lo que él diga durante cuatro años (disfrutando a su vez de la inmunidad casi total que el Tribunal Supremo decretó hace poco que tiene), sino que equivaldría a perder completamente la batalla político mediática. Un perdón de esas características sería interpretado por los republicanos y sus decenas de millones de votantes como la demostración evidente de que las denuncias que llevan años haciendo de un Estado profundo y criminal eran ciertas.
Los posibles afectados lo saben y están divididos. Algunos querrían a pesar de todo un indulto preventivo como el de Hunter Biden, que cubra todas sus acciones en los últimos años. Pero otros creen que sería fatal para la democracia y el país. El mencionado senador Schiff le dijo hace unos días a la NPR, la radio pública, que «instaría al presidente a no hacerlo; creo que parecería defensivo e innecesario».
