El coordinador general de la organización no gubernamental venezolana Provea, Óscar Murillo, dijo que recibió una citación policial en el marco de una investigación por una supuesta violación a una ley que ―según la ONG― “ha servido para procesar e imputar a cientos de detenidos y escalar el crimen de persecución por razones políticas”.
Murillo acudió este miércoles a las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), organismo policial de investigación criminal, donde mostró la boleta para reiterar que no detallaba la causa ni en calidad de qué los convocaron por el supuesto delito contemplado en la Ley contra el odio.
“Con esta citación hay un efecto intimidatorio para el resto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana”, expresó Murillo afuera de la sede de la institución.
“Nosotros creemos en el Estado de derecho, y son otros en las instituciones del Estado los que están en deuda con el Estado de derecho en Venezuela y con las garantías judiciales de todos los venezolanos”, agregó.
CNN intentó contactar al CICPC para consultar sobre el caso y está a la espera de una respuesta.
“Hemos venido esta mañana porque damos la cara, porque estamos en el terreno y es importante reivindicar en todo tiempo, en todo espacio, en todas circunstancias, que la defensa de derechos humanos no configura ningún delito. Es parte del mandato de una ONG como Provea acompañar a las víctimas en la denuncia de presuntos abusos y arbitrariedades por parte del Estado”, subrayó Murillo.
El líder opositor Edmundo González se solidarizó con Provea mediante una publicación en la red social X, donde destacó que “defender derechos humanos no es un delito”.
Un grupo de 33 ONG internacionales condenó la citación y lo que llamó una “persecución a Provea”.
Amnistía Internacional exigió, mediante un comunicado difundido el martes, que las autoridades venezolanas frenen el acoso en contra de Provea.
