En medio de rumores de nuevas excarcelaciones de presos por protestas tras las elecciones del 28 de julio, se siguen produciendo detenciones de políticos opositores en Venezuela. La noche del martes el exconcejal y dirigente de Primero Justicia Jesús Armas, figura clave de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, fue abordado por hombres encapuchados cuando estaba en un restaurante en la zona de Las Mercedes, en Caracas, y obligado a ingresar a un vehículo sin placa.
Por El País
La mañana de este miércoles sus familiares han denunciado ante la Fiscalía su desaparición forzada, la modalidad que durante muchos años han aplicado los servicios de inteligencia del chavismo para ejecutar detenciones de opositores. Ni el fiscal general ni otra autoridad han informado sobre su caso.
Jesús Armas fue vital en el comando de campaña en Caracas durante las elecciones para las que María Corina Machado diseñó una maquinaria ciudadana para la defensa de los votos de Edmundo González Urrutia y, sobre todo, de las actas de votación con las que han podido denunciar que Nicolás Maduro ha sido proclamado ganador de forma fraudulenta. En los últimos meses, estuvo de cerca apoyando y organizando a las madres de detenidos en sus protestas para exigir las excarcelaciones antes de Navidad. Por años dirigió Monitor Ciudad, una plataforma que evaluaba el estado de los servicios públicos en la capital, un activismo que cultivó luego de haber ejercido como concejal en la capital, y actualmente estaba al frente de la ONG Ciudadanía Sin Límites y daba clases en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Sus alumnos, que lo esperaban este miércoles en las aulas, colocaron una pancarta en el pizarrón para protestar por su detención.
En días pasados fue señalado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el Mazo Dando, desde el cual regularmente se anuncian las detenciones de la llamada Operación Tun Tun con la que el chavismo ha perseguido a dirigentes sociales, activistas de derechos humanos y políticos. “Este es un patrón de persecución, de cercenamiento de la disidencia y de afianzamiento del terrorismo de Estado en Venezuela, que se expresa en la persecución de los activistas sociales, los dirigentes políticos y los defensores de derechos humanos», denunció la activista Sairam Rivas, pareja de Armas y quien también estuvo presa en 2014 durante las protestas del movimiento estudiantil contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El Foro Penal registraba a inicios de diciembre 1.905 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos después de las elecciones presidenciales. De este grupo, al menos 23 están en paradero desconocido. En su último reporte señalan que es el número más alto registrado desde que gobierna el chavismo, que supera a los de regímenes autoritarios de la región como los de Cuba y Nicaragua. Además de los que están actualmente en prisión, otras 9.000 personas están sujetas de forma arbitraria a medidas de libertad condicionada en Venezuela.
La detención de Armas ha vuelto a levantar condenas internacionales. El Panel de Expertos de Crímenes de Lesa Humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció la desaparición del dirigente ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que tiene abierta una investigación contra Venezuela. El secretario general del organismo americano, Luis Almagro, también rechazó la detención y responsabilizó al Gobierno de Maduro por su vida.
Los defensores de derechos humanos vienen denunciando desde hace años la existencia de un patrón de represión que han llamado “la puerta giratoria”. Los presos políticos han sido usados por el chavismo como válvula de presión cada vez que entra en una calle ciega. Aunque cada cierto tiempo se producen liberaciones de centenares, la persecución y las detenciones no cesan. Unos salen de la cárcel, mientras otros entran.
Este miércoles, el Comité de Familiares de Presos Políticos informó de la excarcelación de otras 12 personas, del grupo de 225 casos que el fiscal general Tarek William Saab prometió revisar el mes pasado. Ocho de los excarcelados son parte del grupo de más de 150 menores de edad que fueron apresados en el contexto de las protestas poselectorales. También liberaron a una mujer con cáncer. “Todas son personas inocentes que nunca debieron estar presas. Abrazamos a sus familiares, que jamás perdieron la esperanza ni dejaron de reclamar para obtener su libertad”, expresaron en un comunicado.
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