“Apóyennos por favor, esto no es justo. Oren por los ocho menores de edad que estamos detenidos en ciudad Caracas. No somos terroristas, somos inocentes. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece estar, esto no es vida”, escribe Miguel Urbina, un adolescente de 16 años, a quien el Ministerio Público y un tribunal de terrorismo, mantienen tras las rejas, desde el 2 de agosto de 2024, junto a otros siete jovencitos, detenidos por las protestas surgidas cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones, sin presentar las actas que lo demuestren.
Infobae | Sebastiana Barráez
La misiva de Urbina, quien está detenido en el centro de reclusión Entidad de Atención Ciudad Caracas en El Cementerio, se conoció cuando familiares de los adolescentes detenidos, quienes conformaron el comité Madres en Defensa de la Verdad, se concentraron ante el Ministerio Público y entregaron una nueva comunicación a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, donde exigen la libertad de 15 adolescentes y 5 adultos. En el país habría 68 menores de edad, entre 14 y 17 años, detenidos.
El adolescente, en su carta, se pregunta: “¿Cómo es posible estar pagando algo que yo ni mis compañeros hicimos? ¿Para esto está la justicia? Nos dijeron 10 días y ya han pasado dos meses. Estamos privados de libertad, encerrados, como si fuéramos unos delincuentes, un peligro para la sociedad. Somos inocentes”.
La carta de Urbina, suscrita también por los adolescentes Angel Ramírez, Alexander Sánchez, Bleider Lever, Daiber Lucena, Héctor Hidalgo y Yenderson Martínez, detenidos junto a Diomer y Miguel, fue leída por su familia durante la protesta ante el Ministerio Público.
La Fiscalía no da respuesta sobre los adolescentes y jóvenes detenidos, en el marco de la más brutal represión de los últimos años. “Es triste ver lo que están haciendo con nosotros, están acabando con nuestros sueños, metas”, dice Urbina.
Agrega: “Quiero hacerles saber que somos muchachos de bien. Estamos perdiendo nuestra juventud y estudios. Me da tristeza con mi madre, mucho, no saben el dolor que me causa. Lo único que pedimos es salir de este lugar tan feo”.
Pide que los apoyen porque “no aguantamos ni un día más en este lugar. Solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver con lo que está pasando en el país. No somos terroristas, somos inocentes”, finaliza diciendo el adolescente.
Otro adolescente, Diomer Gerardo Gómez, quien tenía unas semanas de haberse graduado de bachiller cuando fue detenido, también escribió una carta desde la Unidad de Atención Ciudad Caracas, diciendo que es uno de los ocho acusados de terrorismo. “Mis compañeros y yo pedimos justicia, pedimos libertad”.
Enfatiza que son “jóvenes de buenos estudios, tranquilos, de casa; aquí estamos encerrados sin saber si es de día o de noche, perdiendo la juventud aquí encerrado en Ciudad Caracas. Ya tenemos dos meses encerrados y le pido un apoyo, una ayuda y justicia. No somos terroristas”.
Los familiares de los adolescentes y jóvenes, quienes pertenecen en su mayoría a zonas populares de Caracas, aseguran que se encontraban en un lugar donde había una protesta aunque no estaban participoando en ella.
Hay detenidos porque en puntos de control les revisaban los teléfonos, también por haber sido señalados por “patriotas cooperantes”, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro llaman a militantes del partido de gobierno que denuncian a quienes critican o manifiestan contra el régimen venezolano.
El Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab Halabi, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada ilegalmente por Nicolás Maduro en el 2017, no da respuesta, aunque ha pasado dos meses de la detención de casi dos mil personas, entre ellas numerosos adolescentes, de los cuales muchos permanecen detenidos y acusados de terrorismo.
El jueves 26 de septiembre el Comité de Madres en Defensa de la Verdad convocó a la concentración para exigir respuesta y la libertad de los jóvenes y adolescentes. Con pancartas donde se leen pedidos de auxilio y denuncias, así como los rostros de algunos de los chicos presos.
Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, revela que los niños les han dicho que en Zona Siete, un centro de reclusión en la populosa zona de Petare, “les pasaban corriente. Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita, que es una bolsa que les colocan en la cara con gas lacrimógeno”.
La madre de Urbina ha dicho que su hijo fue torturado hasta que aceptara grabar un video admitiendo los hechos que le imputan, lo que se negó a hacer. Ella relata que Miguel había estado con amigdalitis desde el 28 de julio, fecha de las eleciones presidenciales, por lo que estaba febril y sin salir de casa hasta el día que fue detenido.
“Lastimosamente salió el 2 de agosto a las 8 de la mañana a comerse una chuchería y lo agarraron. Dos policías llegaron, tumbaron la chuchería que se estaba comiendo, le cayeron a golpes y se lo llevaron”, le djo Theany Urbina a los periodistas en la protesta frente a la Fiscalía.
Dionexis García asegura que no hay pruebas contra su hermano Diomer Gómez, a la vez, que critica la actuación de la Defensa Pública que les impusieron a los jóvenes detenidos.
Destaca que no les permiten defensores privados. Reconoce que los defensores públicos tampoco pueden hacer mucho porque ni siquiera les permiten hablar con los detenidos, mucho menos visitarlos, y se limitan a decirles que oren.
Diomer estaba en su casa de habitación cuando funcionarios de la Policía Nacional llegaron a detenerlo sin ninguna orden de aprehensión. Durante 12 días estuvo en desaparición forzosa, cuando por fin su familia pudo verlo, luego de infructuosas diligencias pues en los tribunales les pedían esperar con la coletilla “esto es político”, como la excusa para que se les estén violando sus derechos humanos.
